Entre gallinas y Congreso-zoom: será ley!! (?)

Valeria Venticinque
Doctora en Ciencia Política. Docente e Investigadora (UNL-UNR/CIEHMGE)

Nos proponemos un breve recorrido histórico-reciente para repensar algunas instancias de agenciamiento y reconocimiento de los derechos reproductivos en Argentina. En principio, debemos pensar, el lugar que ocupó la procreación para las argentinas en las primeras décadas del siglo XX, es imprescindible comprender que tanto la represión sexual femenina como la obligatoriedad de parir la “raza” fueron elementos fundacionales en la construcción de la subjetividad femenina. Contraer matrimonio y tener hijos era visto como un mandato imperativo que de acuerdo al imaginario de la época dignificaba el “ser mujer”. En este sentido la virginidad actuaba como un elemento que incluía “a las buenas” y excluía a las “malas mujeres” de las posibilidades de lograr un buen matrimonio. De esta manera, los hoy denominados derechos sexuales y reproductivos en las primeras décadas del siglo XX, representaban luchas y voces de los feminismos que recorrían las calles de los principales centros urbanos del país.

Así, la maternidad como hecho y proceso biológico-cultural, era una diferencia que homogenizaba a las mujeres y reclamaba igualdad en relación a los varones, intentando reformular la maternidad tradicional dentro de la ideología de la complementariedad y la equivalencia. En este marco, instituciones como el divorcio vincular, tratado en la Cámara de Diputados en el año 1932, eran pensadas como flagelos sumamente nocivos, siendo equivalente, a facultar a las mujeres a ser sujetas activas de la volatilidad sexual. Por este motivo los matrimonios en crisis deberán aguardar algunas décadas más. En este sentido el debate sobre el divorcio que llega a su fin en el extremadamente conservador Senado de la Nación, fue pensado como un elemento normalizador del amor y los intercambios sexuales, particularmente en el caso de las mujeres. Así, las separaciones legales se proponían como un elemento que vendría a moralizar la sexualidad de aquellos que se encontraban presxs de un matrimonio que en los hechos había finalizado. En algunos casos también se agregó la posibilidad de continuar con la vida reproductora de aquellas mujeres, que en el marco de una unión fácticamente terminada difícilmente se daría, sin embargo los anti-divorcio triunfaron, apagándose para algunxs la posibilidad de cambiar la sensibilidad del clima de sus vidas con otros colores y perfumes.

Y así, que las desigualdades sufridas por las mujeres con respecto a los varones y la consecuente discriminación legislativa habilitaba una forma de pensar las primeras políticas públicas, que fueron estructuradas para aquellas en tanto madres y no ciudadanas. En este sentido, esto permitió que estos años se caracterizaran como momentos de opresión femenina, imperando los miedos, los silencios. Muy a pesar de quienes se encubren bajo el lema del “supuesto derecho a la vida”, los escritos, las investigaciones y la práctica revelan que el aborto forma parte de nuestra normativa desde la década del ’20 del siglo pasado. Así, los métodos contracepcionales eran públicos y conocidos, en todas sus variantes: químicos, fisiológicos, y mecánicos, pero, como ninguno de ellos era seguro en su totalidad, interrumpir embarazos mediantes abortos era moneda corriente en los primeros años del siglo pasado. Se debe reconocer también, como señala Barrancos (1991), la quinina, que era un espermicida en forma de sustancia que se preparaba en algunas y selectas farmacias y colaboraba en la precaria posibilidad que tenían las mujeres de entonces para decidir cuantos hijxs tener y cuando. Aunque con la misma vaguedad y neblina de Arlt, de manera imprecisa existían ciertas libertades sexuales.

Aunque la legalidad del aborto en Argentina se ignoró durante décadas, fue a inicios del año 2012 que la Justicia aclaró en un fallo histórico, más conocido como “F.A.L.”, los alcances de la penalización del aborto en Argentina. Hoy, en nuestro país, se encuentra vigente la Interrupción Legal del embarazo (ILE), que deja asentada la inimputabilidad de quienes realizan un aborto en ciertas circunstancias, a decir, cuando está en riesgo la salud física y/o mental de las personas gestantes, y en caso de violación o incesto, en las demás circunstancias es considerado ilegal y consecuentemente sancionado con la cárcel efectiva. En el caso de la ILE, es necesario señalar, que suele verse afectada en la práctica por el posicionamiento respecto a la objeción de conciencia, que pueden tener algunos equipos de salud pública, efectores de salud o incluso provincias que se autoproclaman “celestes”, estos con palabras viejas, que se tornan nuevas, niegan y mienten una verdad.

El año 2012 que marca un significativo paso hacia adelante en relación a derechos reproductivos, tubo antecedentes que marcaron ciertas miradas cómplices en el contexto de la transición democrática, así, a fines de 1986, se derogaron los decretos que prohibían las actividades destinadas al control de la natalidad dictados en la década del ’70. Y en el año 1985, el Congreso Nacional había ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que fue posteriormente incorporada a la Constitución Nacional en 1994. Los años previos a la renovación de la carta magna, se inició un proceso de tratamiento de las cuestiones de género en todas las áreas del Estado. Se fue generando un clima de incidencia de políticas a favor de las mujeres durante los años ‘90; desde la ley de cupos, la inclusión de normas de acción positiva en la constitución reformada, los programas de igualdad de oportunidades en la educación y el empleo, el decreto de acoso sexual, la primera ley de protección contra la violencia familiar, las campañas por la democratización de las responsabilidades familiares, hasta la apertura del debate sobre el aborto, entre otros logros, destacando la importancia del movimientismo feminista como constructor de un saber-poder.

Como consecuencia de los cambios sociales y culturales de la última década, la Argentina avanzó en materia legislativa en el ámbito latinoamericano con la sanción de leyes que han redistribuido los derechos a muchxs. En este sentido, en el año 2003 se inaugura una nueva tradición de políticas que presentarán una forma innovadora de pensar a las mujeres, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (en adelante PNSSyPR), vigente desde el mes de mayo de 2003, se propone mejorar la satisfacción de la demanda y adopta un enfoque preventivo y de riesgo; instrumentando acciones tendientes a ampliar y perfeccionar la red asistencial. La 25.673 se aprobó casi veinte años después del retorno a la democracia, el debate en torno a la ley nacional se había iniciado con motivo de la media sanción en Diputados en 1995, continuó con la pérdida de estado parlamentario en 1997, terminó con la aprobación definitiva por el Senado en el año 2002.Si bien el cambio de siglo trajo cambios normativos disruptivos en los distintos niveles de políticas y prácticas públicas que atienden las sexualidades y reproducciones de las mujeres, fue quedando por afuera y demandante la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De esta manera, en los primeros años del siglo XXI se aprobaron leyes de Educación Sexual Integral (ESI), acceso a la anticoncepción quirúrgica, y otras normas que promueven el acceso a la regulación de la fecundidad. El grado de implementación de cada una de estas disposiciones es muy disímil debido a que en muchos casos los programas enfrentan situaciones de obstaculización, de orden presupuestario, así como también obstáculos institucionales para poder llevar a la práctica esas políticas. Así una nueva tradición en estilos de gestión invade las políticas y prácticas públicas funcionando como germen de innovación que lentamente se incorpora en determinadas áreas posibilitando lograr cierta igualdad de oportunidades y buscando hablar de mujeres en términos concretos. Como señalaba Dora Barrancos (2015), las mujeres argentinas, en gran medida, se han construido como resilientes, ampliando la experiencia de comunidad de sentido en la enorme diversidad del colectivo y los desafíos que cuentan para las nuevas prerrogativas, es el acicate mayor para defender lo conquistado y avanzar en materia hacia el horizonte de la igualdad. En el año 2018 se vuelve a buscar despenalizar el aborto con la pujante Campaña por la Despenalización que integra el Movimiento Feminista argentino acampando para interpelar a un Congreso que luego de meses de espera le dirá que no a los pañuelos verdes que se agitaron en los cielos de un agosto. Los motivos por la negativa fueron pobres, escasos. Puede que la aceptación de legalizar la IVE implicaba cuestionar uno de los pilares en los que se asentó la sociedad argentina históricamente: el natalismo, en tanto emblema de una época que aún continúa en cierta forma vigente impulsado por las fuerzas conservadoras que con argumentos desteñidos defienden sus posturas que atentan contra el derecho a decidir de los cuerpos gestantes.

La ilegalidad de los abortos no impide que los mismos se lleven a cabo de manera clandestina, multiplicándose los riesgos de las personas gestantes. Así, la oposición al reconocimiento de las DD.SS. y (no) RR. no ancla, como fuimos mostrando, en un discurso religioso, sino secular, científico, médico, legal, que asume la denominación de objeción o bien está invisibilizado en la multiplicidad de motivos que se suelen enumerar en los efectores públicos para negar derechos. El principio de autonomía que exige el respeto de las decisiones de las personas en el marco de su proyecto de vida, se institucionaliza en el reconocimiento del derecho de todxs a elegir según sus propias convicciones el método anticonceptivo que desean utilizar, y la posibilidad de decidir experimentar o no físicamente la maternidad o la paternidad. Por lo tanto, tenemos que pensar en los DD. (no) RR. como en la oportunidad de lxs seres humanos de regular su propia sexualidad y capacidad reproductiva, así como a exigir que todxs asuman sus propias responsabilidades por las consecuencias del ejercicio de su sexualidad. En el 2020, internalizando la idea de que es importante hacer lo que cada unx siente, la Campaña verde vuelve a gritar “Es Urgente”, queremos legal, seguro y gratuito y el gobierno responde con un proyecto de ley con distintas aristas presentado hace algunos días para ser tratado en el Congreso.

El Frente de Todos (xs?) buscará traer armonía con la propuesta de los 1000 días para acompañar las maternidades deseadas en los primeros años de lxs recién nacidxs, estrategia que intenta armonizar las negativas que impiden que el aborto sea ley, en el marco de una emergencia sanitaria mundial que trajo situaciones de precariedad extrema como hacía décadas no se vivían a nivel nacional. La IVE representará, definitivamente, un cambio profundo en el sistema sanitario, en la legislación sobre familias, y en las prácticas y experiencias reproductivas de las personas gestantes, banderas celestes y verdes se reencontrarán bajo el cálido cielo de un verano bonaerense.

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