1975. ¿Prólogo o epílogo?

Destacado

Días atrás, a partir de un posteo de Esteban Pontoriero sobre el Operativo Independencia, nos quedó la gran duda sobre la potencialidad del año 1975 para explicar lo que vendría. Un año que fue como una versión beta del 76 y también una resaca del 74. Aunque se intentara sostenerlos, los perfiles institucionales se fueron desdibujando: tanto en los acuerdos internos del peronismo como en el accionar de las fuerzas represivas.

Entonces dijimos: vamos a convocar al mismo Esteban Pontoriero y a Laura Pasquali para hablar de ese año tan especial que ha quedado sandwicheado entre dos pesos pesados. En un punto, se le parece a 1944, por poner un ejemplo, un año bisagra, de apertura entre dos escenarios muy distintos.

A 45 años: el “momento 1975” y los orígenes del terrorismo de Estado en la Argentina

Esteban Pontoriero (UNTREF/IDAES-UNSAM/CONICET)

Cuando esto ocurre [la suspensión total del orden jurídico vigente], es evidente que mientras el Estado subsiste, el derecho pasa a segundo término. Como quiera que el estado excepcional es siempre cosa distinta de la anarquía y del caos, en sentido jurídico siempre subsiste un orden, aunque este orden no sea jurídico. La existencia del Estado deja en este punto acreditada su superioridad sobre la validez de la norma jurídica. La “decisión” se libera de todas las trabas normativas y se torna absoluta, en sentido propio. Ante un caso excepcional, el Estado suspende el Derecho por virtud del derecho a la propia conservación.1

El 16 de febrero de 1975 en la plaza de armas del Regimiento Patricios de Mendoza se llevó a cabo el velatorio del capitán Héctor Cáceres, muerto unos días antes en el monte tucumano durante un enfrentamiento con miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El hecho se produjo en un contexto particular: desde los inicios de ese mes el Ejército argentino se encontraba realizando una acción represiva y de exterminio en gran escala para eliminar el “foco rural” que esa organización político-militar había establecido en la provincia de Tucumán. En el funeral del oficial muerto, el general Leandro Anaya, Comandante en Jefe del Ejército, expresó:

El 29 de mayo próximo, al conmemorarse el aniversario de la fuerza, manifestaré: “el país ha definido claramente la forma de vida dentro de la cual desea desenvolverse. El gobierno, respaldado por los sectores más representativos del quehacer nacional, ha adoptado la firme determinación de hacer efectivo dicho mandato” […]. Dije en una oportunidad: “el Ejército está preparado para caer sobre la subversión, cuando el pueblo así lo reclame a través de sus legítimos representantes”. El pueblo lo ha reclamado. El Ejército cumplió.2

Lo señalado hasta aquí plantea una serie de interrogantes en torno a esa coyuntura: ¿cómo y por qué el arma terrestre llegó a ocuparse de la realización de tareas represivas? ¿Cuál fue el papel que cumplieron las autoridades políticas en ese proceso? ¿Por medio de qué marco legal se habilitó el uso del Ejército en el orden interno? ¿A quién o a quiénes habían definido como el enemigo los hombres de armas y el gobierno? ¿En qué tipo de conflicto interno creían estar involucrados los actores políticos y militares?

Hacia fines de 1975 ya estaban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza: un abordaje para la guerra interna y un marco legal que habilitaba un estado de excepción. Se contaba con una teoría y una práctica para la contrainsurgencia desde los años finales de la década del cincuenta. A su vez, el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) dictó un conjunto de decretos que edificaron una creciente excepcionalidad jurídica. Este proceso poseía importantes antecedentes en las dictaduras militares de la “Revolución Libertadora” (1955-1958) y de la “Revolución Argentina” (1966-1973) y en las presidencias constitucionales de Arturo Frondizi (1958-1962) y de Arturo Illia (1963-1966). Durante el mandato de Martínez de Perón se dictaron el estado de sitio en noviembre de 1974 y los decretos “de aniquilamiento de la subversión” al año siguiente.

En los primeros días de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo convocó al arma terrestre para darle la mayor responsabilidad en materia represiva: lograr la derrota y el exterminio del “foco guerrillero” que el ERP había instalado en una zona rural de la provincia de Tucumán desde algunos meses atrás. Luego del ataque de la organización político-militar peronista Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en la provincia de Formosa en octubre, aquella responsabilidad tomó un carácter nacional mediante el decreto 2772. Las autoridades políticas y militares consideraban que en la coyuntura de 1975 la defensa y el resguardo de la República justificaban la suspensión de partes sustanciales del orden jurídico para garantizar su supervivencia ante una amenaza caracterizada por ambos actores como “subversiva”.

¿Por qué el Ejército recurrió a prácticas represivas clandestinas que no figuraban o estaban prohibidas en los reglamentos elaborados por la propia institución desde la incorporación de las nociones contrainsurgentes? La respuesta a esa pregunta debería tomar en cuenta una serie de factores: la influencia ejercida por el pensamiento contrainsurgente y las prácticas criminales que éste avalaba; la amnistía generalizada de los presos políticos capturados y juzgados durante la “Revolución Argentina” ocurrida durante la presidencia de Héctor Cámpora (mayo a julio de 1973); la situación ventajosa que le daría a los militares desde el punto de vista operativo, asegurando la efectividad y la impunidad por las tareas ilegales que éstos realizaran; la probada eficacia del terror entendido como un arma de guerra contra los opositores políticos y, por último, la masacre debía esconderse para el resto del mundo y especialmente frente a los eventuales reclamos que pudiera realizar la Iglesia Católica como ya había ocurrido con las ejecuciones que tuvieron lugar en la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile (1973-1990).

El Ejército condensó una serie de principios para guiar su accionar contra los opositores políticos o aquellos individuos o colectivos percibidos como tales. Se había definido un enemigo, la “subversión”, caracterizado por estar oculto entre la población, su extremismo ideológico y de métodos, operar en varios frentes y buscar la toma del poder para transformar de raíz los supuestos fundamentos políticos, culturales, religiosos y económicos de la Argentina. Se había delineado una estrategia represiva y de aniquilamiento que, entendida como una “guerra antisubversiva”, se basaba en la conducción centralizada y la ejecución descentralizada: esto brindaba ciertos niveles de autonomía a las jerarquías inferiores. Estos principios fueron la culminación de un recorrido formativo y de elaboración doctrinaria iniciado en 1955.

Las máximas autoridades de la fuerza habían decidido el exterminio del enemigo. Desde el “Operativo Independencia”, el concepto de “aniquilamiento” se convirtió en el ordenador de las prácticas represivas. No obstante, los militares en soledad no hubiesen podido imponer sus ideas y encarar la “lucha antisubversiva” si no hubieran contado con el aval político que solamente las máximas autoridades del gobierno les podían otorgar.

Los secuestros, las torturas, los centros clandestinos, los asesinatos masivos, las desapariciones, las variadas formas de destruir o esconder los cuerpos –es decir, una gran parte de las prácticas asociadas con el terror estatal– no figuran en las fuentes militares, como por ejemplo las directivas o los reglamentos. Por esto mismo, los límites de una empresa historiográfica que se proponga el análisis de las normativas, reglamentos, cursos, y demás fuentes militares escritas se establecen en el momento en el que se intenta traspasar su contenido al mundo de las prácticas de violencia criminal desplegadas por el Ejército.

A pesar de estas dificultades se constata que muchas de las ideas contenidas en esos materiales parecen haber servido para la organización de la masacre. Esto se refuerza si se tiene en cuenta que para los militares los reglamento imponían cursos de acción obligatorios antes que sólo sugerencias y recordando siempre la importancia de la instancia de apropiación e interpretación por parte de los soldados.

Para que los militares pudieran llevar adelante su accionar debieron releer esos documentos y los aprendizajes realizados a la luz de su situación concreta en 1975, momento en el que se procesó y realizó un primer balance de la experiencia vivida desde el retorno democrático de 1973. Es plausible imaginar que los hombres de armas hayan podido encontrar en los textos y conocimientos de varios años antes una serie de lineamientos teóricos y prácticos para su objetivo criminal.

El “momento 1975” refiere al punto en el que un conjunto de elementos diacrónicos confluye con otros de tipo sincrónico. Una serie de procesos de largo plazo (desarrollos doctrinarios, jurídicos, de imaginarios, de estructuras organizativas y de prácticas) se imbricaron con otros de corta duración (un diagnóstico de coyuntura, usos, apropiaciones, prácticas represivas, una convocatoria presidencial a la “lucha antisubversiva” y un contexto de crisis política, económica e intragubernamental) dando lugar al surgimiento de un determinado fenómeno histórico, en este caso la represión clandestina y su cara más brutal: el exterminio secreto.

En los prolegómenos del golpe militar de 1976 la seguridad interna se hallaba completamente integrada a la esfera de la defensa nacional, más que en ninguna de las otras coyunturas previas aquí estudiadas. La lógica del estado de excepción, existente en diferentes momentos entre 1955 y 1976, creó una situación compleja respecto del marco constitucional. La incorporación de las FF.AA. a la esfera de la seguridad interna para ejecutar tareas represivas se realizó mediante una legislación de defensa atravesada por el imaginario de la “guerra contrainsurgente” que permitía suspender una parte de las garantías constitucionales y que avalaba la implementación de un conjunto de prácticas represivas sostenidas en ese marco legal de emergencia. Por consiguiente, desde la lógica castrense no existía una ruptura entre el orden legal y la acción clandestina: la introducción de un marco de excepción les daba a los militares la primacía en la represión y exterminio de la “subversión”. Una serie de decretos confirmaba la percepción del Ejército de estar inmerso en una guerra que –es importante remarcarlo– implicaba la realización de acciones criminales.

Los pares dicotómicos estatalidad/paraestatalidad y acción pública/acción clandestina en un marco de excepción también pierden su operatividad para el análisis histórico: deben abordarse considerando sus cruces y porosidades. Para finalizar, a partir de 1975 la acción represiva y de exterminio se movieron en una “tierra de nadie” creada por la combinación de la excepcionalidad jurídica con la contrainsurgencia. Este proceso tuvo como condición de posibilidad los desarrollos doctrinarios y gubernamentales previos.

Bibliografía recomendada:

Águila, Gabriela, Garaño, Santiago y Scatizza, Pablo, comps (2016). Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a cuarenta años del golpe de Estado, pp. 129-158. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, en línea en: http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63.

D’Antonio, Débora, comp (2018). Violencia, espionaje y represión estatal. Seis estudios de caso sobre el pasado reciente argentino. Buenos Aires: Imago Mundi.

Franco, Marina (2012). Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Novaro, Marcos y Palermo, Vicente (2006). Ladictaduramilitar19761983:delgolpedeEstadoala restauración democrática. Buenos Aires: Paidós.

Ranalletti, Mario (2009). “Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la formación militar argentina. InfluenciasfrancesasenlosorígenesdelterrorismodeEstado(1955-1976)”. En Feierstein, Daniel, comp. TerrorismodeestadoygenocidioenAméricaLatina, pp. 249-281. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Robin, Marie-Monique (2005). Escuadrones de la muerte: la escuela francesa. Buenos Aires: Sudamericana.

Scatizza, Pablo (2016). Un Comahue violento: dictadura, represión y juicios en la Norpatagonia Argentina. Buenos Aires: Prometeo Libros.

1 Carl Schmitt. Teología política. Cuatro ensayos sobre la soberanía. Buenos Aires, Struhart & Cia, 2005, p. 30.

2 Clarín, 17 de febrero de 1975, p. 5.